Contraloría General de la República detecta millonarios sobrepagos y eventuales conflictos de interés en el Municipio de Río Hurtado

Una investigación de la Contraloría General de la República (CGR), iniciada tras denuncias ciudadanas, detectó una serie de irregularidades al interior del municipio de Río Hurtado, en la región de Coquimbo, que incluyen un eventual conflicto de interés de la alcaldesa Carmen Juana Olivares, presuntas anomalías en licitaciones públicas, fragmentación de compras y debilidades en la gestión presupuestaria.
Pagos por 639% sobre el monto adjudicado
Uno de los antecedentes más relevantes del informe corresponde a la licitación pública ID 3267-38-LE21, destinada al suministro de alimentos para el Departamento de Educación Municipal durante 2022.
El convenio establecía un monto anual de $24 millones; sin embargo, se emitieron 145 órdenes de compra que totalizaron $153.471.862, cifra que representa un 639% por sobre lo estipulado originalmente.
Además, la CGR advirtió que la proveedora adjudicada presentó documentación sanitaria que no cumplía íntegramente con los requisitos exigidos en las bases, ya que sus permisos autorizaban únicamente la comercialización de productos que no requerían refrigeración, pese a que el contrato consideraba alimentos perecibles.
Fotografías y presunto conflicto de interés
El informe también consignó la existencia de fotografías en redes sociales donde la alcaldesa aparece junto a una proveedora —y familiares de esta—, además de otro proveedor a quien habría calificado como “amigo de la juventud”.
Según el órgano fiscalizador, la autoridad comunal habría intervenido en etapas de adjudicación y pago de servicios, lo que vulneraría el principio de probidad administrativa y las normas de abstención cuando existen circunstancias que puedan afectar la imparcialidad.
En este contexto, la Contraloría solicitó los antecedentes del procedimiento disciplinario interno instruido por el municipio, los que serán incorporados al sumario administrativo que desarrolla el organismo de control.
Compras fragmentadas y trato directo prolongado
La CGR también advirtió una posible fragmentación de compras, al constatar adquisiciones reiteradas de servicios similares que, por su carácter habitual, debieron canalizarse mediante licitación pública y no a través de tratos directos o compras ágiles.
En la misma línea, el municipio recurrió al trato directo para la adquisición de agua potable argumentando emergencia por escasez hídrica. No obstante, la situación se extendió entre 2022 y 2024, lo que —según el informe— impide calificarla como un hecho imprevisto y podría constituir una elusión de los procedimientos competitivos establecidos en la Ley de Compras Públicas.
Royalty minero sin observaciones legales
Respecto del uso de recursos provenientes del royalty minero, la Contraloría concluyó que no se detectaron ilegalidades en su destino. Los fondos fueron utilizados en funciones municipales y no se emplearon para el pago de deudas, ajustándose a las restricciones legales vigentes.
Sin embargo, el organismo enfatizó que, más allá de la legalidad del gasto, existen debilidades estructurales en la gestión administrativa comunal que deben ser corregidas.
Respuesta de la alcaldesa
Consultada por el medio regional Diario El Día, la alcaldesa Carmen Juana Olivares sostuvo que no participa en los procesos de licitación ni en las comisiones evaluadoras, y que los resultados le son informados una vez concluidos.
“En Río Hurtado somos todos vecinos y, de alguna manera, nos conocemos. Es muy difícil no relacionarse, sobre todo siendo alcaldesa”, señaló, agregando que fue apartada de cualquier función vinculada a la adjudicación tras el cuestionamiento.
La jefa comunal remarcó que la determinación del supuesto conflicto de interés se basó en las fotografías difundidas y reiteró que nunca ha formado parte de las comisiones evaluadoras en los procesos observados.